El artículo 133.1 del Código Penal señala que las penas menos graves prescriben a los cinco años; mientras que el artículo 33.3.a) del mismo texto legal incluye como pena menos la multa de más de tres meses, pena entre las que el art. 33 del mismo Código incluye la multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía. Siendo la que alcanza hasta tres meses pena leve que prescribe al año.
Por su parte, el artículo 134 del Código Penal, en su redacción vigente, establece que:
“1. El tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse.
2. El plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso:
a) Durante el período de suspensión de la ejecución de la pena.
b) Durante el cumplimiento de otras penas, cuando resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 75.”
El legislador no contempla, pues, otras causas de interrupción de la prescripción de la pena que éstas, de manera que, desde el momento en que se trata de ejecutar una resolución firme contra persona o personas determinadas, el eje de la prescripción de la pena gira en torno al cumplimiento de la misma. Y ello porque, a diferencia de la prescripción del delito, en la fase de ejecución el culpable ya está plenamente identificado y, al menos en los casos en que no se sustrae a la acción de la justicia, se encuentra a disposición del Juez o Tribunal para la ejecución de la pena (STC 187/2013 , de 4 de noviembre , FFJJ 4 y 5, citando a las SSTC 109/2013 , de 6 de mayo, FJ 4 y 6 , y 152/2013 , de 9 de septiembre , FJ 5). Así pues, en el ámbito de ejecución de la pena no cabe hablar de otras formas de interrupción de la prescripción de la pena distintas del quebrantamiento de condena, por no existir una regulación sustantiva en tal sentido, como en cambio sí existía en el antes citado Código penal de 1973 ( SSTC 97/2010 , de 15 de noviembre , FJ 4 ; 109/2013 , de 6 de mayo , FJ 4 ; 187/2013 , de 4 de noviembre , FJ 4 ; 192/2013 , de 18 de noviembre, FJ 4 y 49/2014 , de 7 de abril , FJ 3).”
Por otra parte el periodo durante el que la pena está en suspenso produce una paralización o suspensión del periodo de prescripción de la sanción, no una interrupción en tal sentido cabe señalar entre otras la AAP Barcelona nº 675/2022 de 19-9-2022 (rec 527/2022, secc 9ª).
Y finalmente queda por determinar el momento a partir del cual debe comenzar a correr nuevamente el plazo de la prescripción y para ello hay que acudir al criterio establecido por el Tribunal Supremo en su STS nº 952/2004 de 15-7-2004 (rec 1475/2003) al señalar los distintos criterios existentes y la opción elegida:
“Normalmente, la fecha término del plazo de prescripción, en casos como el que examinamos, será aquella en la que se revoca la suspensión de la condena y se ordena su ejecución, y ello resulta consecuencia obligada de un hecho, el que el sujeto hubiera delinquido durante el plazo de suspensión que se le hubiese fijado. Por consiguiente, la comisión del nuevo delito aparece como el hecho clave de la mencionada revocación, y esa relación de causa a efecto hace que esa causa resulte especialmente relevante, y deba ser tenida en cuenta a los efectos de iniciar el cómputo de la prescripción. Este criterio presenta además la ventaja de aparecer como el más ajustado a la seguridad jurídica, principio constitucional, en cuanto es una fecha normalmente fija y no sujeta a circunstancias aleatorias, como pudiera ser aquella que dependiera de la mayor o menor agilidad en la tramitación de la siguiente causa.”
El problema surge, en el caso de la multa prescrita, en relación a si es posible llegado ese momento hacerse traba de nuevos bienes. De entenderlo así, se privaría de efecto al instituto de la prescripción, permitiendo tener indefinidamente abierta la ejecución de la pena de multa a la espera de localización de nuevos bienes sobre los que trabar embargo.
Por tanto, producida la prescripción de la pena de multa, solo los embargos realizados antes de esas fechas y pendientes de la efectiva realización de los bienes trabados pueden ser tenidos en cuenta para aplicarse al pago de la multa.