En defensa del sofware libre en la Administración de Justicia
Software libre no significa baja calidad. Cuando uno comprueba que dos tercios del mercado de servidores en el mundo funcionan con Nginx y Apache, que son sin duda los dos servidores web más utilizados del mundo, comprende el alcance hoy en día del sofware de código abierto.
Pongamos otro ejemplo, Libreoffice writer tiene más de 120 millones de usuarios en el mundo. Yo mismo llevo utilizándolo sin problema desde la primera versión de Openoffice 1.0.
Todos estos software además de gratuitos son de código abierto y perfectamente adaptables a las mejores plataformas.
Otro caso, es el sistema operativo linux que usan millones de internautas en el mundo, entre los que me incluyo, con un sistema operativo casi sin vulnerabilidades y que es la base del sistema android que utilizan una gran mayoría de teléfonos del mundo. Ni que decir de otros unix como el Freebsd u Openbsd, hermanos del sistema Darwin que utilizan los sistemas apple. Es el caso de openbsd que probablemente sea el sistema más seguro del mundo y que fue utilizado por la NASA – el código del cortafuegos de macOS de Apple se basa en el código del cortafuegos PF de OpenBSD, la biblioteca estándar Bionic C de Android se basa en el código de OpenBSD, LLVM utiliza la biblioteca de expresiones regulares de OpenBSD y Windows 10 utiliza OpenSSH (OpenBSD Secure Shell) con LibreSSL.
Luego la calidad del software libre es indiscutible. Ahora bien ¿qué es lo que hace que las administraciones públicas raramente acudan a él? Es una pregunta que llevo haciéndome décadas sin alcanzar una respuesta. Solo conozco que brevemente la administración valenciana introdujo el libreoffice, que finalmente fue abandonado.
La administración, por otro lado, podría ahorrarse cientos de millones de introducir el software libre en las aplicaciones gubernamentales.
Solo podría vislumbrar una respuesta a esta cuestión en el temor de aquellos usuarios que solo han conocido software propietario en su uso personal. Pero esta respuesta de nuevo no es del todo veraz. Muchos manejan teléfonos y tablets, e incluso televisiones, que directa o indirectamente se basan en sistemas de código abierto. Y por otro lado, es sabido que algunas aplicaciones administrativas todavía funcionan con un navegador de código propietario abandonado ya – me refiero al Explorer.
En resumen, para mi es un desacierto que la administración no cuente en sus planes con servidores Nginx o Apache, con sistemas operativos seguros como BSD o aplicaciones como libreoffice. No es solo cuestión del dinero que se puede ahorrar el ciudadano, sino alcanzar la seguridad y la calidad del software libre que están fuera de toda duda.
Cuando se ha hablado tantas veces de armonización de los distintos sistemas judiciales, prácticamente hay uno por autonomía, la utilización del software libre abriría las puertas a una nueva dimensión en la informática judicial.